Descripción
El Estado colombiano ha desarrollado mecanismos legales para desmovilizar grupos armados y facilitar la transición de la guerra a la paz, en línea con estándares internacionales. Un tema clave ha sido el tratamiento del delito político, diferenciándolo del delito común, lo que ha permitido el desarrollo de normas para su gestión, especialmente en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC-EP. Este acuerdo incluye medidas como la amnistía e indulto para ciertos delitos y criterios de conexidad entre delitos comunes y políticos, regulados por la Ley 1820 de 2016. El texto analiza estos conceptos y su aplicación, además de la Renuncia a la Persecución Penal como mecanismo transicional no sancionatorio. Finalmente, se incluye un acápite breve sobre la reparación a las víctimas en el marco de Sistema Integral para la Paz.