Las autoridades municipales deben tener la información actual y completa de las zonas de alto riesgo de deslizamientos o derrumbes

El derecho fundamental a la vivienda digna conlleva la obligación correlativa, a cargo del Estado, de garantizar que las personas residan en viviendas que se ubiquen en lugares en donde la seguridad e integridad de sus habitantes no estén amenazadas.

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