“El modelo de educación inclusiva está fundado en el “enfoque social de la discapacidad”, conforme al cual la discapacidad es una desventaja o restricción de la actividad, causada por la organización social, no por el individuo. En este sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que las desventajas o limitaciones que parecieran tener las personas en situación de discapacidad “no tienen origen en su condición personal, física o mental, sino en la incapacidad de la sociedad para garantizar espacios y servicios para todas las personas con independencia de sus contingencias particulares”

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Se declara la exequibilidad condicionada de la expresión “sin que en ningún caso sea mayor a 12 horas” contenida en el último inciso del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, modificado por el artículo 40 de la Ley 2197 de 2022, en el entendido de que dicho término se empieza a contabilizar a partir del momento en que la Policía Nacional se hace cargo de la persona sujeta de traslado.

Cuestión Planteada: ¿Es constitucional la modificación del artículo 33A de la Ley 599 de 2000, que establece medidas en casos de declaratoria de inimputabilidad o inculpabilidad por error de prohibición culturalmente condicionado?

Resumen: DERECHO CONSTITUCIONAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Se presenta una demanda de inconstitucionalidad contra ciertos artículos de la Ley 2197 de 2022, que se centran en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Conceptos Clave:

1. Demandas de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley 2197 de 2022.
2. Consideraciones sobre la declaratoria de inimputabilidad y la aplicación de medidas pedagógicas.
3. Rechazo inicial de la demanda y posterior interposición de un recurso de súplica.
4. Admisión de la demanda en relación con el artículo 13 de la Ley 2197.
5. Análisis de las garantías del debido proceso en los procedimientos administrativos sancionadores.

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“No es necesario que el trabajador esté previamente reconocido como persona en condiciones de discapacidad o que se le identifique de esa manera en un carné, como el que regula el artículo 5 de la Ley 361 de 1997, lo importante es que padezca una situación de discapacidad en un grado significativo, debidamente conocida por el empleador”.

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Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1275 del 31 de julio de 2023 “Por el cual se establecen medidas relacionadas con la focalización de los recursos de los que es beneficiario el departamento de La Guajira y sus municipios provenientes del Sistema General de Regalías, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira”.

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La Corte Constitucional reconoce que los ataques contra los líderes y lideresas sociales, “traen consigo la desintegración social de los grupos a los que pertenecen, la apatía y el miedo a expresarse y, finalmente, el deterioro de la vida en comunidad, comoquiera que las labores de los representantes, entre otras, es generar patrones de identidad y sentido de propiedad con la finalidad de avanzar hacia una esfera social más favorable para el desarrollo de proyectos productivos”

FALLAS ESTRUCTURALES Y VULNERACIÓN GENERALIZADA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN LÍDER Y DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS-DECLARACIÓN DE UN ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL Y NECESIDAD DE UN PLAN INTEGRAL DE PROTECCIÓN. EXHORTO GOBIERNO NACIONAL.

Cuestión planteada ¿La acción de tutela instaurada por integrantes de la población líder y defensora de derechos humanos contra diversas autoridades, incluyendo la Unidad Nacional de Protección, fue resuelta a favor de los accionantes?

Resumen

DERECHO CONSTITUCIONAL. PROTECCIÓN A POBLACIÓN LÍDER Y DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS. Acción de tutela contra entidades estatales por incumplimiento en el deber de respeto, garantía y protección de derechos.

Conceptos clave – Acción de tutela instaurada por integrantes de la población líder y defensora de derechos humanos. – Altos riesgos enfrentados por líderes y defensores de derechos humanos. – Necesidad de garantizar enfoque étnico en medidas de protección individual.

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“Los acreedores tienen el derecho de cobrar las obligaciones que existan a su favor, los mecanismos extraprocesales de cobro son una herramienta legítima protegida en el marco de la libertad económica que reconoce la Constitución. Sin embargo, no pueden implicar actuaciones arbitrarias, intimidatorias, amenazantes, difamatorios o descalificantes; no pueden afectar derechos fundamentales, como el buen nombre, la honra, la intimidad y el habeas data de los deudores; no pueden involucrar la divulgación de la información crediticia a un grupo ilimitado e indiscriminado de personas, sino solamente a quienes tengan un interés legítimo y cierto en ella”

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Se declara la exequibilidad condicionada del artículo 2 de la Ley 2101 de 2021 que modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, en el entendido que la jornada máxima laboral del servicio doméstico interno se reducirá de 60 a 52,5 horas semanales. Esta reducción -tal y como ocurre con la que aplica para los trabajadores en general- podrá ser gradual, a menos que las partes que suscriban los contratos de trabajo acuerden implementarla de manera inmediata

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Se debe tener en cuenta el concepto de un médico tratante ajeno a la red de prestadores de una EPS cuando: (i) La EPS conoce la historia clínica particular de la persona y al conocer la opinión proferida por el médico que no está adscrito a su red de servicios, no la descarta con base en información científica; (ii) Los profesionales de la salud adscritos a la EPS valoran inadecuadamente; (iii) El paciente no ha sido sometido a la valoración de los especialistas que sí están adscritos a la EPS; (iv) La EPS ha valorado y aceptado los conceptos rendidos por los médicos que no están identificados como “tratantes”, incluso en entidades de salud prepagadas, regidas por contratos privados.

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¿Las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales del demandante al no pagar las incapacidades generadas durante el trámite de calificación de la pérdida de capacidad laboral y al no emitir el dictamen de PCL de segundo grado?

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¿Se vulneran los derechos a la salud y a la vida de un menor de edad afiliado al régimen subsidiado en EPS cuando no se le asigna cita con un especialista en reumatología pediátrica ni se le suministran los medicamentos necesarios para el tratamiento de su enfermedad?

diagnosticado con artritis reumatoide juvenil poliarticular desde los nueve meses de edad. Este diagnóstico ha causado dolores en sus articulaciones y ha afectado su movilidad. La solicitante considera que la EPS demandada ha vulnerado derechos fundamentales al no autorizar una cita de valoración con un especialista en reumatología pediátrica, ni proporcionar el medicamento conocido como inyección o infusión de modificador de respuesta biológica. La entidad aseguró que actuó de acuerdo con el marco regulatorio y afirmó que había asignado la cita médica requerida. En relación con las fórmulas médicas, argumentó que habían perdido validez debido a su antigüedad. Se analizaron temas relacionados con el derecho a la salud de los menores de edad, la provisión de servicios y medicamentos en el ámbito de la salud, y la figura del tratamiento integral. Se otorgó el amparo solicitado y se ordenó a la entidad demandada: (i) programar y garantizar que se realice la cita con el especialista, (ii) proporcionar el medicamento esencial para el tratamiento de la enfermedad del menor y (iii) asegurar el tratamiento integral para la enfermedad diagnosticada.

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