Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 de la Ley 2161 de 2021 “Por la cual se establecen medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), se modifica la Ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones.”VEHÍCULOS AUTOMOTORES: OBLIGACIONES PARA CIRCULAR DE LOS PROPIETARIOS DE ESTOS VEHÍCULOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 de la Ley 2161 de 2021, que establece medidas para promover la adquisición, renovación y evitar la evasión del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT),

“Ante la ausencia de una manifestación concreta sobre la voluntad de someterse a un procedimiento de esterilización, la intervención no debería realizarse. La autorización judicial para la práctica de esos procedimientos no debería depender, tampoco, de una certificación médica sobre la imposibilidad del consentimiento futuro. El papel del juez, en estos casos, debería dirigirse a constatar que la manifestación del consentimiento que emita una persona con discapacidad para que se le someta a un procedimiento de anticoncepción definitiva haya estado precedida de los apoyos y salvaguardias correspondientes” IMPORTANTE: Hacemos uso de

Control automático de constitucionalidad del «Acuerdo entre la República de Colombia y el Instituto Global para el Crecimiento Verde con respecto a la personería jurídica y los privilegios e inmunidades del Instituto Global para el Crecimiento Verde», suscrito en Seúl el 31 de enero de 2017 y en Bogotá el 6 de marzo de 2017, y de la Ley 2218 del 30 de junio de 2022, por medio de la cual fue aprobado. «REVISIÓN AUTOMÁTICA DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACUERDO INTERNACIONAL Y DE SU LEY APROBATORIA. Control automático de constitucionalidad del

La discapacidad no implica per se una imposibilidad para acceder a la administración de justicia, por lo que en cada caso concreto le corresponde al juez de tutela verificar si, en efecto, dicha condición impide al titular de los derechos involucrados actuar por su cuenta. IMPORTANTE: Hacemos uso de herramientas tecnológicas para mantenerle actualizado. Recomendamos acudir al documento original a continuación para verificar la información. No dude en dejar sus comentarios.

El derecho al buen nombre entendido como la imagen o reputación que un ciudadano ostenta frente a la comunidad de la cual hace parte, implica “la protección constitucional frente a expresiones ofensivas, oprobiosas, denigrantes, falsas o tendenciosas que generen detrimento de su buen crédito o la pérdida del respeto de su imagen personal” IMPORTANTE: Hacemos uso de herramientas tecnológicas para mantenerle actualizado. Recomendamos acudir al documento original a continuación para verificar la información. No dude en dejar sus comentarios.

Las autoridades penitenciarias deben garantizar las condiciones de las habitaciones destinadas para visitas íntimas. En concreto, estas normas disponen que el INPEC tiene a su cargo garantizar la higiene y salubridad dentro de los establecimientos de reclusión; mientras que a la USPEC le corresponde gestionar y suministrar los bienes, la infraestructura, y los servicios necesarios para el funcionamiento de los servicios penitenciarios, siendo su responsabilidad dotar de servicios higiénico-sanitarios a los establecimientos. IMPORTANTE: Hacemos uso de herramientas tecnológicas para mantenerle actualizado. Recomendamos acudir al documento original a continuación para verificar la

Las autoridades penitenciarias y carcelarias deben cumplir obligaciones negativas y positivas en favor de las personas bajo su custodia. Las primeras comprenden deberes de abstención, es decir, no interferir en el ejercicio de sus derechos. Las segundas, exigen adelantar acciones para el goce efectivo de los mismos, lo que obedece a la situación de “indefensión o de debilidad manifiesta” en la que se encuentra la población carcelaria. IMPORTANTE: Hacemos uso de herramientas tecnológicas para mantenerle actualizado. Recomendamos acudir al documento original a continuación para verificar la información. No dude en dejar

Los planes de manejo ambiental de los proyectos mineros deberán incorporar medidas de prevención, mitigación y compensación de las afectaciones directas que se han causado al medio ambiente y al pueblo Yukpa. Asimismo, deberán establecerse medidas de reparación específicas para resarcir el daño causado a la comunidad indígena y, en especial, garantizar la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes del pueblo Yukpa, a través de la formulación de un plan de atención integral a esta población-. MPORTANTE: Hacemos uso de herramientas tecnológicas para mantenerle actualizado. Recomendamos acudir al documento

“El recurso extraordinario de casación “en principio” no permite un revisión integral de la materia objeto de litigio, esto es, en sus aspectos fácticos, probatorios y normativos, dado que, como se afirmó en la sentencia C-372 de 2011, es un recurso extraordinario, que no constituye una nueva instancia, y que tiene por objeto efectuar “un control de legalidad sobre los actos del juez para decidir si en ellos se produjo un error in iudicando o un error in procedendo de tal naturaleza que no exista solución distinta a informar, destruir

¿Vulnera el derecho al trabajo de una persona migrante la restricción consistente en no admitir el PPT como documento de identificación en el aplicativo -Acreditación de Personal Operativo -APO- cuyo responsable es la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada?. IMPORTANTE: Hacemos uso de herramientas tecnológicas para mantenerle actualizado. Recomendamos acudir al documento original a continuación para verificar la información. No dude en dejar sus comentarios.

Las personas que han sufrido un accidente de trabajo y, como consecuencia, los afecte una mengua en su capacidad laboral, tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada, aun cuando no tengan una calificación porcentual de invalidez. En ese caso, el despido no puede obedecer a argumentos netamente legales, tales como el despido sin justa causa, pues su condición de salud los convierte en sujetos de especial protección constitucional y, en consecuencia, deben buscarse alternativas de inclusión y continuidad en el empleo, mediante la reubicación y respectiva orientación y capacitación en

En el proceso de extinción de dominio, la carga dinámica de la prueba no exime a la fiscalía de demostrar el supuesto de hecho de la causal que invoca, incluyendo la ausencia de buena fe exenta de culpa por parte del afectado. De ahí que se pueda afirmar que no basta con que la fiscalía acredite, con relación a la causal 5º del artículo 16 del C.E.D., que el bien se destinó a la realización de una actividad ilícita, sino que debe constatar que el titular del bien tuvo conocimiento